En defensa de la democracia

Como ya se apuntó, muchos son los nutrientes del ascenso de esas figuras carismáticas y ostensiblemente ominosas: el malestar con los sujetos e instituciones que hacen posible la democracia (políticos, partidos, congresos, gobiernos), los fenómenos de corrupción reiterados, el discurso antipolítico, las expectativas no cumplidas de amplias capas de la población, las desigualdades de todo tipo que obstaculizan una mínima cohesión social, los errores de sus adversarios, los flujos migratorios que son convertidos en chivos expiatorios de los males que sacuden a los habitantes “originarios”, las pulsiones identitarias excluyentes y seguramente hay otras.

El temor es que lo que tanto costó al país construir, una germinal democracia, con su sistema imperfecto de balanzas, por falta de comprensión y valoración y acicateado por un malestar abrumador con los sujetos e instituciones que hacen posible la coexistencia del pluralismo, lleve a “tirar al niño con el agua sucia”.

Se supone que ese fraccionamiento del poder reclama sumar voluntades y esfuerzos y limita las posibilidades de imponer; hace más tortuoso el circuito de la política y en particular la toma de decisiones, pero tiende a evitar la improvisación y las ocurrencias; puede resultar más lento, pero reclama deliberación e inyecta certezas.

Además, se argumentó entonces, ese financiamiento es por definición más transparente que el privado (sabemos cuánto y cuándo se entregan esos recursos a los partidos) y él mismo, debería ayudar a que esas figuras centrales de la política no se convirtieran en rehenes de los grandes grupos económicos o peor aún, de las bandas delincuenciales.

En los comicios federales de 1994 los votos se habían contado de manera precisa y limpia, pero la contienda había estado marcada por una formidable desigualdad de recursos, por ello era necesario construir condiciones medianamente equitativas, y el dinero público serviría para eso (como realmente sucedió).

Recuerdan al tipo al que le fue amputada la pierna porque tenía una uña enterrada.

Porque todos sabemos o deberíamos saber la importancia de las tareas que tienen asignadas las muy diversas dependencias públicas y de la labor profesional, eficiente y cumplida que desempeñan miles de funcionarios de muy diferente rango en todos los niveles de aparato público.

Una actitud más que instalada que ante cualquier problema, dificultad o incluso catástrofe encuentra de manera inercial un culpable fácil de ubicar: el Estado y su parafernalia incapaz. Y no se trata de relevar de responsabilidades a los órganos estatales, sino de subrayar que un “facilismo” en el pensamiento, un resorte mecánico más que aceitado, prescinde de cualquier acercamiento medianamente complejo a los problemas, para señalar al culpable de culpables: el Estado. Ese resorte resulta eficiente en el periodismo, la academia e incluso en las relaciones sociales. Todos somos críticos del Estado. Estamos, como diría Tony Judt, conformes con nuestro infantil inconformismo.

Una corriente de pensamiento que ha llegado a la conclusión de que las instituciones estatales son más un inconveniente que una palanca para la solución de los problemas.

Es decir, los votantes no le otorgaron a Morena la mayoría absoluta de los sufragios, fueron las debilidades de las normas explotadas de manera inescrupulosa por la coalición “Juntos Haremos Historia”, más un pacto político, lo que convirtieron a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños.