Una república fundada en creencias

El desafío mayor no es delinear las regularidades empíricas, sino explicarlas.

En otras palabras, una vez que hemos descrito el juego en forma completa —incluyendo a los jugadores comunes y corrientes y a los agentes del Estado—, para justificar el modelo tradicional del análisis económico del derecho debemos asumir algo muy extraño: que todos los ciudadanos comunes y corrientes son agentes neoclásicos que maximizan sus propias recompensas y, en cambio, que los funcionarios públicos son agentes imparciales en espera de cumplir lo que ordena el Estado.

La pregunta que toca plantear es por qué unas simples palabras escritas en papel deberían alterar lo que los individuos pueden hacer o las recompensas que reciben. Si todos decidieran ignorar la tinta sobre el papel e hicieran lo que hacían antes, sin duda obtendrían las mismas recompensas que antes.

Lo que resulta de interés inmediato para nuestros fines es que con estos dos juegos nos damos cuenta de la necesidad de la ley. Está claro que la “mano invisible” del mercado, que supuestamente conduce a los individuos egoístas a resultados socialmente óptimos, aquí fracasa y nos invita a apelar a la mano de la ley

En palabras de Aumann: “Tal vez el nombre ‘teoría de decisión interactiva’ sería más apropiado para la disciplina que conocemos como teoría de juegos” (Aumann, 1987, p. 2).

En cierto sentido, la teoría de juegos es menos exigente que la economía neoclásica porque no asume una necesidad infinita de consumir más. Sin embargo, sí asume que cada individuo está dotado de unas preferencias, o una función de utilidad o una función de pagos dadas y exógenas, y que sus acciones buscan sacarle el máximo provecho.

Por lo tanto, una implicación interesante del modelo neoclásico es que el control del delito es más eficiente si aumentamos mucho M y nos conformamos con una p baja. En otras palabras, la posibilidad de que te atrapen es pequeña, pero, en ese caso, el castigo es considerable.

o interesante de esta legislación es que, en cierto sentido, es una metaley: una ley que busca que otras leyes se hagan cumplir.

La ley y, antes que ella, las normas de la distribución de alimentos se redactaron bajo el supuesto de que los funcionarios y los colaboradores del gobierno, entre ellos los propietarios de las tiendas de racionamiento, ejecutarían el programa con diligencia, o como meros robots, es decir, que tomarían los alimentos subsidiados por la FCI y los entregarían al instante a los pobres.

El problema no radica en la intención de la ley, sino en su diseño. El resultado de la pérdida masiva de granos es que los pobres no han recibido la asistencia planeada para ellos