El operador jurídico administrativo en la actualidad -llámese juez, funcionario, abogado o asesor— debe tener un alto grado de especialización y porqué no, detentar una técnica particular para el desarrollo de sus singulares y cotidianas actividades. La especialización se ha convertido en un requerimiento fundamental, que pareciera muchas veces invitar a desanimar las referencias jurídicas generales por una parte y, por la otra, a propiciar una profundización cargada de componentes técnicos.
Esta tendencia se aprecia mejor con un referente jurídico privado que en términos históricos, de manera casi obligada han tenido las instituciones del derecho administrativo. Lo “novedoso” de estas ha sido el régimen administrativo, frente a situaciones y relaciones reguladas de antaño por el derecho privado o más genéricamente por el derecho común; por eso esa “novedad” se ha hecho relativa frente a una construcción paralela de instituciones publicas y privadas, donde las primeras son muchas veces adaptación de las segundas, a requerimientos propios de una disciplina más joven y consecuentemente más inmadura como el derecho administrativo.
La especialización se ha convertido entonces en el motor del proceso de madurez del derecho administrativo; un proceso sin dudas inacabado, que pareciera demostrar unos sustentos teóricos y prácticos contundentes, pero también que no va a terminar con la independencia absoluta del derecho administrativo frente al derecho común, sino por el contrario, consciente de ese paralelismo, lo robustece en algunas oportunidades o lo debilita en otras, tomando para sí, situaciones y relaciones nuevas o dejándolas y abandonándolas para su reinserción en el derecho común respectivamente.
