Sergio Quezada

ARAÍZ DE LA MATANZA DE CLAUDIO VENEGAS, Yucatán entró, al menos hasta 1857, en una etapa de luchas intensas entre blancos y mayas, pues los indígenas no depusieron las armas. Encabezados por Bonifacio Novelo, comenzaron a dedicarse al asalto en las inmediaciones de Valladolid. Se intentó controlarlos por la vía armada, pero se refugiaban en los montes, de donde salían de vez en vez para continuar con sus ataques. El desorden cundía en Yucatán. Indígenas y núcleos de fuerzas pronunciadas desparramados por los montes se dedicaron a saquear pueblos, y el ejército, desorganizado, era incapaz de someterlos. Las finanzas públicas se encontraban en bancarrota más que nunca; en fin, el aparato estatal estaba en una situación crítica y caótica. En este ambiente, el 24 de mayo de 1847 Santiago Méndez y Domingo Barret convocaron a una “Junta de Notables” que, con el título de asamblea extraordinaria, llamó a elecciones para el 1° de julio.
Pero pocos días después, el 18 de julio de 1847, en la hacienda Culumpich, propiedad de Jacinto Pat, se descubrió que éste conspiraba junto con Bonifacio Novelo, Cecilio Chi y Manuel Antonio Ay. El último fue detenido, y el día 26 se le pasó por las armas. Fuerzas militares se dirigieron a capturar a los demás líderes, pero al no encontrarlos saquearon el pueblo de Tepich, ultrajaron a una niña de entre 10 y 12 años y fusilaron a cuatro indios por “conato de conspiración”. Cuatro días más tarde Chi, cacique de ese pueblo, al grito de “mueran los blancos”, según el Diario Oficial, lo incendió y asesinó a 30 familias. Con esta acción se iniciaba la llamada Guerra de Castas. Cuando la conjura fue descubierta, los líderes aún no se habían puesto de acuerdo en cuanto a sus intenciones. Ay, antes de ser pasado por las armas, se había pronunciado por expulsar a los blancos de la península; Chi, por eliminarlos; Pat, cacique de Tihosuco, por imponer a Miguel Barbachano como gobernador, y Novelo, por reducir la contribución personal a un real

Ante el avance de los rebeldes y con el fin de apaciguar sus ánimos, el 26 de enero de 1848 Méndez, gobernador electo desde octubre de 1847, suprimió la contribución eclesiástica y, para no enemistarse con la Iglesia, le ofreció hacerse cargo de sus gastos; prometió nombrar hidalgos y exentar de la contribución personal a todos los indígenas que se adhirieran al gobierno como soldados; declaró la amnistía para los que se sometieran y comisionó a Barbachano para negociar la paz con Jacinto Pat. Durante las pláticas los rebeldes pidieron la reducción de la contribución personal de 18 reales anuales a 12, el derecho de matrimonio a 10 reales y el de bautismo a tres, y la devolución de las armas decomisadas. Pero los esfuerzos conciliadores fracasaron. Las hostilidades continuaron, y para esas fechas los insurrectos se habían fortalecido con la incorporación de los sirvientes de haciendas y ranchos azucareros. En el ínterin Canuto Vela tradujo la carta pastoral del 2 de febrero de 1848 del obispo José María Guerra, en la que recriminaba la profanación de la iglesia de Tixcacalcupul, y la envió a los líderes mayas. Además, Vela mandó otra a Pat y Chi exhortándolos a cesar las matanzas. El primero ofreció la paz si se abolía la contribución personal; el segundo guardó silencio, mientras que los demás líderes, resentidos por los agravios cometidos contra su raza, le reprocharon al obispo su silencio “cuando los blancos mataban a los indios, que tan tardíamente se acordaran de que existía un Dios verdadero”, y por medio del prelado concedían a las fuerzas militares gubernamentales 24 horas para rendirse

Ambos bandos designaron a sus respectivas comisiones e iniciaron las pláticas en el pueblo de Tzucacab, y el 19 de abril de 1848 acordaron abolir las contribuciones personales, reducir los derechos de bautismo y casamiento, disfrutar libremente los montes (sin renta ni amenaza de embargo), liberar a todos los sirvientes endeudados, designar a Barbachano y a Pat gobernadores vitalicios (el primero de los blancos y el segundo de los indios), devolver todos los rifles confiscados y abolir los impuestos a la destilación de aguardiente. Todas estas medidas fueron aprobadas y firmadas, pero Cecilio Chi las desconoció, pues no estaba de acuerdo con las gubernaturas vitalicias y porque su deseo era, según se dice, acabar con los blancos