Natalia Saralegui Ferrante

Paradójicamente, las excepcionales condiciones en que llevan adelante sus embarazos, en vez de encontrar en el derecho un espacio de cuidado y protección, dan lugar a la intrusión del sistema penal.

la justicia contribuye a restringir la capacidad de agencia de las mujeres, oscurece las emergencias en sus embarazos y partos, y refuerza la maternidad como un ideal normalizador.

En términos de políticas públicas, la ausencia de programas sobre educación sexual integral, la ilegalidad del aborto y la irregularidad en el acceso a prácticas seguras clausuran la posibilidad de que la maternidad sea un proyecto elegido o, en otras palabras, de que la identidad femenina pueda construirse por fuera del mandato de maternidad.

Es decir, los tribunales clasifican un presunto hecho delictivo según los delitos previstos por el Código Penal. No valen, por lo tanto, carátulas que nombren hechos feos, tristes, desagradables o moralmente reprochables.

¿De dónde proviene ese afán punitivo que transforma estos sucesos en investigaciones penales? Como mostraremos en detalle en estas páginas, de un sistema patriarcal en el que los cuerpos gestantes se encuentran instrumentalizados al servicio de la reproducción.

Todo parto es político. Todo aborto también.

Desde el minuto uno no tuve contención. El obstetra, que calculo yo que era de guardia, me recibió y me dijo con qué te pinchaste, qué te tomaste, qué te hiciste. El mismo que le dijo a mi papá que tenía que hacer la denuncia.

Juzgar de modo imparcial implica que las sentencias estén basadas en circunstancias objetivas probadas del expediente y en prueba producida en torno a los hechos imputados. Se requiere que el análisis carezca de prejuicios y sesgos personales. Además, se exige que no se utilicen argumentaciones basadas en estereotipos ni en las condiciones personales de las personas imputadas, circunstancias que resultan ajenas al conflicto penal.

En definitiva, la imparcialidad en el caso concreto supone que el juez o la jueza que interviene se aproxime a los hechos de la causa sin ningún prejuicio personal y con garantías suficientes de imparcialidad (Piqué y Fernández Valle, 2020). La imparcialidad es un presupuesto fundamental para la legitimidad del tribunal que va a juzgar.

En efecto, el abordaje que a lo largo de la historia se efectuó en torno a la criminalidad femenina implicó una severa observación de la moral y ética de la mujer desviada y estuvo dirigida a su corrección. Este esfuerzo fue adoptado sobre todo por las autoridades religiosas que, durante algún tiempo, estuvieron a cargo de las instituciones penitenciarias femeninas.